Barrika, siempre en peligro

En Barrika se intenta construir desde hace 20 años en una zona protegida, a menos de 500 metros de la costa. La semana pasada los tribunales pusieron punto y final a una larga contienda legal entre la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Barrika, dos constructoras y la asociación ecologista local Txipio Bai.

Tras muchos años de lucha esta asociación ha conseguido anular dos ordenes forales que cambiaban la calificación del suelo a urbanizable de un total de 19 hectáreas de las áreas de Muriola y de San Telmo, declaradas de especial protección paisajística por el Gobierno vasco en 1987.

En aquella época se propuso la construcción de 349 chalets de lujo, un hotel y hasta un campo de golf en los acantilados de Barrika, terrenos propiedad de la familia Lezama-Leguizamón, una de las más pudientes de Vizcaya y tanto el Ayuntamiento de Barrika como la Diputación de Bizkaia lo apoyaron sin pensar en que dejarían a generaciones presentes y futuras sin un patrimonio único simplemente por hacer dinero. Solo la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y Txipio Bai se interpusieron en su camino.

Tras varios varapalos en los tribunales, las constructoras y el alcalde redujeron el proyecto de Muriola a 85 chalés de lujo y 12 viviendas de VPO y pese a saber que no podían hacerlo empezaron a edificar después de que la Diputación de Bizkaia recalificase los terrenos. Se finalizaron 14 viviendas de lujo.

Tras muchísimos años batallando, los tribunales han dado la razón a ecologistas y gobierno vasco, consiguiendo una sentencia firme que en teoría no permite edificar en estos terrenos e incluso obligaría a derribar las viviendas construidas y por tanto a indemnizar a sus propietarios, dinero que saldrían en parte de la Diputación , es decir, de mi bolsillo, de nuestro bolsillo.

Pese a que el asunto puede parecer zanjado, el alcalde de Barrika, el peneuvista José María Ezpeleta, lleva empeñado mucho tiempo en la construcción de esta urbanización, y según la página del ayuntamiento no se va a dar por vencido: "La reciente Sentencia del Tribunal Supremo anula la ordenación urbanística hasta ahora vigente en Muriola. Sin embargo permanecen y prevalecen las determinaciones del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que clasifica el suelo como urbanizable residencial.

También conviene señalar que la Sentencia no ilegaliza la construcción de viviendas, ni cuestiona las licencias urbanísticas otorgadas. Por el contrario, la referida resolución judicial impone a las Administraciones públicas el deber de motivar o justificar de forma pormenorizada la razón por la que se modificó el régimen del suelo, que pasó de ser no urbanizable de especial protección a urbanizable residencial."

Es decir, sigue erre que erre en su afán de convertir un pueblo en ciudad. El nuevo plan urbanístico contemplaba una oferta residencial total de 571 viviendas, 132 de ellas en suelo urbano (89 viviendas tasadas y 43 viviendas libres); y 439 en suelo urbanizable (719 viviendas colectivas y 20 unifamiliares).

Hasta el año pasado el proyecto del Ayuntamiento de Barrika contemplaba 1.511 nuevas viviendas (el plan de ordenación aprobado por el Gobierno vasco establece una horquilla de entre 622 y 1.584 pisos). Esas edificaciones supondrían multiplicar por más de cinco su población actual.

Curiosamente la sentencia del Tribunal Supremo ha sido dictada casi al mismo tiempo que la Audiencia de Vizcaya desestimaba la denuncia por parte del constructor y ex presidente del PNV de Barrika Jon Larrazabal de rectificar una información publicada por El País el 20 de junio de 2008. En ella se recogía que el ex alcalde Barrika, José María Ezpeleta (PNV) admitió en una declaración judicial que "puede que se hayan realizado vertidos clandestinos" por Larrazabal en unos terrenos de su propiedad. La Audiencia, en su sentencia del pasado 10 de julio, afirma que el ex presidente peneuvista realiza "una valoración dispar de las actuaciones judiciales de las que proviene la noticia", por lo que la rectificación exigida es "improcedente". El fallo asigna el pago de todas las costas judiciales a Larrazabal.

El caso llegó a los tribunales por una denuncia del grupo Txipio Bai por delito ecológico, que señalaba que Larrazabal dividió en dos el proyecto de acondicionamiento de los terrenos para evitar que fuera considerado un relleno (lo que requiere la autorización de la consejería de Medio Ambiente) y precisar así sólo del permiso municipal. En la instrucción, el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado en esa zona concentraciones elevados de arsénico y cadmio.

Lo dicho, Barrika siempre en peligro. ¿Hasta cuando?

Artículo basado en las siguientes informaciones:

- Todavía a tiempo de salvar la costa
- El Supremo ilegaliza una urbanización de doce chalés de lujo en Barrika
- La Diputación dice que «hay vías intermedias» al posible derribo de los chalés de Barrika
- Vizcaya desiste de mantener el pleito por la construcción de 97 pisos en un área protegida
- LA ORDENACION URBANISTICA DE MURIOLA.
- El Ayuntamiento de Barrika presenta el Avance del Planeamiento Urbanístico a sus vecinos y vecinas
- Rechazada una demanda contra EL PAÍS del ex presidente del PNV de Barrika
- El Instituto de Toxicología detecta concentraciones elevadas de arsénico y cadmio en un relleno en Barrika
- Denuncia por delito ecológico, tráfico de influencias y prevaricación en Barrika

Foto: El País