Las Marbellas vascas

De las informaciones publicadas en exclusiva por El Confidencial el miércoles (ver noticia) y el jueves (ver noticia) sobre el ‘Caso Amorebieta’ se puede sacar una conclusión clara: el ‘boom’ de las recalificaciones no es sólo cosa de la Costa del Sol. Las playas de Vizcaya también están sufriendo los azotes de la especulación inmobiliaria, que casi siempre beneficia a empresarios próximos al PNV. Es, sobre todo, el caso de Bakio y Barrika, pero también el de un municipio del interior como Derio.

En esta última localidad, próxima al aeropuerto de Bilbao y al Parque Tecnológico de Zamudio, la promotora Albia Berri está construyendo una urbanización de 347 chalés con campo de golf. Se llamará Mantuliz y está llamado a ser uno de los reductos más exclusivos de toda Vizcaya. La promotora Albia Berria, que cuenta con un capital de 4,3 millones de euros, está controlada por las constructoras Balzola y Bilbo-Eder, y su presidente es Lorenzo Mendieta, un conocido empresario que milita en el PNV.

Mendieta, que sostuvo económicamente durante mucho tiempo a los diarios nacionalistas Deia y El Periódico de Alava, fue uno de los grandes beneficiados por el bloqueo de ciertas inspecciones por parte de la Hacienda de Vizcaya. Aunque el tema está todavía en los tribunales, según diversas crónicas periodísticas, el jefe de Inspección del organismo foral, Juan Ramón Ibarra, manipulaba el programa informático de Hacienda para que no se tocara a ciertos contribuyentes. Entre ellos figuraban algunos conocidos fontaneros del PNV...


También están en el consejo de administración de Albia Berria otro ex consejero del diario Deia, José María Alaña, el ex presidente del Athletic Ignacio Ugartetxe y Martín González Aguinaco, secretario de Egaña, una empresa integrada en el holding Inssec. Se da la circunstancia de que la constructora Balzola, accionista de Albia Berria, participa en las principales obras acometidas en Vizcaya. Desde el Guggenheim hasta el metro, pasando por la nueva feria de muestras, campos de golf y la autopista que une Bilbao con San Sebastián.

La promoción de Derio cuenta ya con el visto bueno del Gobierno Vasco, trámite que no llegó a pasar otra urbanización que tenía previsto promover en el municipio de Laukiz. Este proyecto está paralizado desde que algunos medios publicaran que la zona había ardido en 1989, ya que la legislación actual prohíbe recalificar aquellos terrenos que han padecido un incendio.

‘Bakio D’or’

La otra zona conflictiva es Bakio, donde también se pretende construir un campo de golf y más de 1.000 viviendas, el doble de las inicialmente previstas. A este proyecto se le denomina ya popularmente como ‘Bakio D'or’ y un amplio grupo de vecinos y veraneantes ha constituido una asociación para protestar contra lo que entienden que puede suponer un crecimiento incontrolado de su pueblo. En este caso, la constructora más beneficiada es Valeriano Urrutikoetxea, vinculada a la concesión de la grúa en varios municipios vizcaínos. Uno de sus consejeros ha sido José María Ipiña, que fue candidato del PNV por Galdácano en 2003.

El alcalde de Bakio, Txomin Renteria, fue acusado en su momento de tener negocios personales con una promotora beneficiada por recalificaciones en la localidad. Esta compañía es Umpro 2000, precisamente la misma que ha adquirido finalmente los terrenos de Amorebieta a los que ha hecho referencia El Confidencial. Francisco Javier Goirigolzarri, ex secretario del EBB y ex consejero de Agricultura del Gobierno Vasco, es directivo de Umpro 2000.

El caso de Bakio ha llegado al Parlamento Vasco, que ha pedido la correspondiente fiscalización al Tribunal de Cuentas así como la comparecencia del alcalde, que por el momento se ha negado a acudir a la Cámara.

Finalmente, otro municipio afectado por las recalificaciones es Barrika, una pequeña localidad situada entre Plencia y Sopelana con amplias vistas al mar. El principal propietario de terrenos es, en este caso, la familia Lezama-Leguizamón, uno de cuyos principales representantes es Luis Lezama-Leguizamón, ex consejero del BBVA y de Recoletos. Su promotora, Llodilu, lleva años tratando de construir más de 100 chalés junto a la costa.

Algunos de ellos ya han sido levantados e incluso vendidos a precios superiores a los 600.000 euros en una zona de especial protección. Tras la denuncia de un grupo ecologista, el Tribunal Superior de Justicia ha paralizado su construcción, que contaba con el visto bueno del Ayuntamiento y de la Diputación de Vizcaya. Es muy posible que finalmente ordene la destrucción de los chalés, que estaban prácticamente finalizados. Se da la circunstancia de que Llodilu ha promovido, junto a Balzola y Bilbo-Eder las principales edificaciones de casas que se han llevado a cabo en Bilbao en los últimos años, en concreto en la zona de Miribilla.

Vía el Confidencial Digital